Opinión Aarón Irízar López El Congreso de la Unión realizó la declaratoria constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, ...
Aarón Irízar López
El Congreso de la Unión realizó la declaratoria constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, después de ser avalada por 22 congresos estatales. Es una decisión de primer orden si consideramos que el salario es un aspecto esencial para mejorar el bienestar de las familias mexicanas y, por ende, para avanzar en el combate de la desigualdad.
La trascendencia de la reforma constitucional salta a la vista a la luz de algunos de los principales indicadores en la materia. La fuerza laboral del país asciende a 52.6 millones de personas, de las cuales 96 por ciento está ocupada, y cerca de siete millones cuentan con un ingreso de hasta un salario mínimo, es decir, el 13 por ciento de la población ocupada.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que México es el único país de la región donde el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza, y que dos de cada cinco trabajadores perciben como máximo dos salarios mínimos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea que “México es el país con el salario mínimo más bajo” de sus integrantes.
En este contexto, las bondades de la reforma son evidentes. Su objetivo primordial es resarcir de manera gradual la pérdida acumulada del salario mínimo durante las últimas tres décadas.
Es un primer paso para instrumentar una política real de recuperación del salario mínimo, ya que lo desvincula como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica de otros costos de trámites, multas, impuestos y prestaciones, entre otros conceptos administrativos y financieros, y prevé la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que permitirá la desvinculación a diversas leyes en todo el territorio nacional.
El Artículo 123 constitucional menciona que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden de materia social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Para atender el principio constitucional, desde el inicio de la administración, el presidente Enrique Peña Nieto estableció como uno de sus compromisos primordiales el mejoramiento del ingreso de los trabajadores. En concordancia con ello, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, señala como una de las principales acciones avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y establecer un salario mínimo único general en todo el país.
En efecto, la reducción de la brecha de los salarios mínimos en las áreas geográficas A y B y su homologación a partir del pasado primero de octubre, representó un paso importante al hacer realidad un anhelo de muchas décadas, pues los trabajadores de México tendrán como referente, sin importar dónde residan o trabajen, un salario mínimo general.
La desindexación del salario mínimo es hoy una realidad. Los legisladores seguiremos impulsando reformas y apoyando los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar un salario mínimo digno y justo, fortalecer el poder adquisitivo de la mayoría de la población, así como consolidar el mercado interno, el cual ha sido el motor de crecimiento de la economía mexicana durante los últimos seis trimestres, y avanzar hacia la generación de políticas laborales efectivas.
Como senador de la República, me congratulo por esta decisión, así como por los diversos beneficios que aportará al desarrollo del país y al mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos.
* Senador de la República por el Estado de Sinaloa.
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