Kratos Juan Alfonso Mejía Con su proyecto de sentencia para autorizar el uso de la mariguana, el ministro Arturo Zaldiva...
Juan Alfonso Mejía
Con su proyecto de sentencia para autorizar el uso de la mariguana, el ministro Arturo Zaldivar evidencia a la clase política mexicana, al tiempo que obliga a México a repensar sus viejas verdades. De aprobarse, representaría una ruptura para nuestra cultura política en distintas dimensiones.
Simpatizo al cien por ciento con el proyecto presentado. Se trata de un amparo favorable a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), en la que se le autoriza producir, transportar y consumir mariguana para autoconsumo personal y recreativo. En caso de concedérsele, los efectos concretos inmediatos serían únicamente para los quejosos (de momento).
El tema estuvo programado para ser discutido el pasado 28 de octubre, pero la Primera Sala de la Suprema Corte optó por hacerlo la semana entrante. Las voces a favor y en contra de la medida, han empezado a manifestarse. De acuerdo con la casa encuestadora Parametría, sólo 17% de los mexicanos estamos a favor de una legalización de la mariguana en 2013.
Con base en este dato, México tiene dos opciones. Esperar a conjuntar una confortable mayoría para legitimar un cambio a sus leyes o bien, adentrarse en el debate y buscar convencer sobre la conveniencia de cambiar su estatuto. Estados Unidos optó por el primer camino. En 1973, sólo 15% de los americanos estaban a favor de la legalización; 40 años después, 58% tiene una abierta preferencia (Gallup). ¿Qué le conviene a nuestra sociedad?
Primer dilema. Viejos problemas, ¿nuevas soluciones?
¿Los mexicanos estamos en condiciones de retrasar un debate que nos duele como sociedad, sólo por ajustarlo a los márgenes de popularidad de “alguien más”?
La guerra contra el crimen organizado nos sigue costando mucho a todos los mexicanos. De entrada, porque quienes perecen en esta lucha también son mexicanos, sin importar “el bando” desde el que pelean. Segundo, porque los recursos financieros destinados a vivir “seguros” merman las arcas públicas, dañando la posibilidad de destinar ese recurso a algo más productivo. Tercero, porque la guerra parece no tener fin y el Estado mexicano languidece frente a la capacidad operativa de los carteles. Persistir en la misma táctica, difícilmente llevará a diferentes resultados. ¿Entonces?
¿Cuántos de los problemas hoy discutidos en la agenda pública nacional o local permanecen impávidos a través de distintas generaciones, sin que una alternativa se discuta seriamente? Lo más normal es pelearse contra el mismo “molino de viento”, veinte años después.
La mediocridad de la clase política no tiene límites. Está ahí para la coyuntura. Su oficio esta ligado a la “gestión del tiempo”, no necesariamente a resolverle problemas a la comunidad. Lo que es más, ¿cuándo se ha visto que una política pública impulse a algún candidato al poder? Mas bien, lo que existe son hombres y mujeres encumbrados, expertos en la administración de una necesidad, propensos a evadir una política pública que ponga en riesgo su permanencia en la cúspide.
En otras palabras, la política pública esta fuera del interés del político, porque su vocación es permanecer, no resolver. Es decir, las soluciones no vendrán de este sector.
Segundo dilema. Legalizar la mariguana no es una asunto de moral, sino de responsabilidad individual.
En México, la agenda liberal “brilla por su ausencia”. Lejos de ser algo nuevo, es un viejo debate. La historia del liberalismo en nuestro país se caracteriza por ser tormentosa. Sin irnos muy atrás en la historia, el Estado mexicano se autoadjudicó durante la cuasi totalidad del siglo XX las garantías de los habitantes. A los individuos, los despojó de su ciudadanía y les dio trato de súbditos. “Juan López” sólo existía por la corporación a la que pertenecía, a su sector obreros, campesino, popular y un largo etcétera.
En este sentido, el proyecto de resolución del ministro Zaldivar es liberador en toda la extensión de la palabra. Se propone regresarle al individuo la tutela sobre sí mismo, sin necesidad de que el “papá” Estado lo apruebe. Hace más de 100 años, John Stuart Mill escribía: “la sociedad no puede violentar al individuo a actuar de determinada manera, contra su voluntad, excepto en defensa de la misma sociedad”. Detrás de esta sentencia, se encuentra la historia de la libertad individual frente a los deberes y exigencias de la autoridad. Es mucho más, que un falso dilema moral.
El proyecto de sentencia no discute sobre las posibles consecuencias que para la salud individual puede tener el consumo. Ello forma parte de otro debate, en el que el derecho a la información y educación son materias insustituibles.
Que así sea.
