Microscopio Social Héctor Melesio Cuén Ojeda *En 2016 los sinaloenses le tendremos que dar a los partidos políticos la cantidad de 207 ...
Héctor Melesio Cuén Ojeda
*En 2016 los sinaloenses le tendremos que dar a los partidos políticos la cantidad de 207 millones 622 mil 444 pesos, a lo que habría que sumarle el aumento correspondiente a los ajustes al salario mínimo en ese año, advierte Cuén.
*Sería saludable, plantea Cuén que ese dinero extra se diera para llevar agua potable a la población, invertirlo en mejorar las escuelas, apoyar a los desplazados por la violencia incontenible, o usarlo en programas para combatir la pobreza, por ejemplo, en lugar de dárselo a los partidos políticos.
Ahora resulta que los sinaloenses no podremos evitar que a los partidos políticos, nada más para 2016, se les asigne adicionalmente la cantidad de 72 millones 673 mil 936 pesos, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la inconstitucionalidad de la reforma electoral aprobada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, acerca del financiamiento a los partidos políticos y las campañas electorales. Lamentablemente, la SCJN acordó que esta inconstitucionalidad no se aplique para el proceso electoral 2015-2016. Sólo en México ocurre esto. Es decir: se sentencia que algo es inconstitucional e ilegal, pero no por esta ocasión. ¡Qué paradoja, caramba!...
La sentencia de la SCJN se basa en que el proceso electoral 2015-2016 ya está en marcha y que, por lo tanto, se le tiene que dar certeza jurídica a los participantes. Lo inexplicable e inaceptable es que en la misma resolución mandatan al H. Congreso del Estado de Sinaloa a legislar lo más pronto posible para establecer el sistema para el recuento de votos parcial o total, en sede administrativa, en las elecciones de diputados de representación proporcional y de gobernador.
Sin embargo, contrario a lo que se pudiera pensar, este proceso no había iniciado formalmente al momento de resolver, razón por la que en el PAS, -y personalmente-, no compartimos el criterio de la SCJN, ya que la convocatoria respectiva aún no ha sido emitida y, por ende, no se vulnera la certeza que aduce el máximo tribunal del país. Sin embargo, esa es la ley.
Para ser más claro: la SCJN sentenció que lo aprobado por el H. Congreso del Estado de Sinaloa en relación con la fórmula a utilizar para calcular el Financiamiento para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias para los partidos políticos y la asignación de recursos para las campañas electorales era inconstitucional, dado que no atendía lo mandatado por las leyes nacionales, y que por ello las vulneraba. Por tal razón, como afirmo al inicio, los sinaloenses no tenemos más defensa y tenemos que darles más dinero a los partidos políticos para su operación y para las campañas políticas del 2016. Analicemos con más detalle la explicación…
De acuerdo con lo expresado por el entonces Consejo Estatal Electoral (CEE), el 28 de agosto de 2015, cuando hizo público que el Financiamiento para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias para los partidos políticos suma la cantidad de 103 millones 811 mil 222 pesos, estimado sobre la base de considerar a 2 millones 27 mil 167 electores y el 75% del salario mínimo, en ese momento, que era 68.28 pesos.
Ahora bien, recordemos que en 2016 se elegirá al gobernador de Sinaloa, así como presidentes municipales y diputados locales, razón por lo cual se destinará el 100% del Financiamiento para Sostenimiento de Actividades Ordinarias para las campañas electorales, lo que significa que habría que entregar a los partidos políticos una cantidad similar a los 103 millones 811 mil 222 pesos. Esto significa que en 2016 los sinaloenses le tendremos que dar a los partidos políticos la cantidad de 207 millones 622 mil 444 pesos, a lo que habría que sumarle el aumento correspondiente a los ajustes al salario mínimo en ese año.
Si los acuerdos de la SCJN fueran válidos a partir del momento en que se tomaron, es decir, se aplicaran para el proceso electoral 2015-2016, que por cierto, aún no inicia formalmente, entonces se aplicaría el 65% del salario mínimo y no el 75% como lo acordó el Congreso del Estado de Sinaloa. Por tanto, el financiamiento ordinario para los partidos políticos sería de 89 millones 965 mil 671 pesos.
De igual forma, si solo se aplicara el 50% y no el 100% a la cantidad anterior para las campañas electorales, hablaríamos de 44 millones 982 mil 835 pesos, y entonces el total a asignar sería de 134 millones 948 mil 507 pesos. Esta es la explicación de la diferencia de los 72 millones 673 mil 936 pesos, cantidad que pudo haberse aplicado a otras tantas necesidades que tienen los habitantes.
Reitero lo que expresé en la tribuna del H. Congreso del Estado de Sinaloa este martes 20: existe un clamor de la ciudadanía de no aumentar los recursos económicos a los partidos políticos y a las campañas electorales, contrario a lo acordado por el Congreso local.
También expresé la impotencia que se tiene ante una contradicción tan evidente de los ministros en una misma resolución, ya que advierten que sí es inconstitucional pero que para este proceso se aplique lo ilegal; razón por la cual manifiesto mi rechazo absoluto a tan inverosímil criterio.
Qué saludable sería que estos 72 millones 673mil 936 pesos que se les asignarán de manera adicional a los partidos políticos, producto de una cuestionada conducta de las mayorías en el Congreso, se utilizaran para llevar agua potable a la población, invertirlo en infraestructura en las escuelas, apoyar a los desplazados por la violencia incontenible o usarlo en programas para combatir la pobreza, por ejemplo.
Tan sólo revisemos lo que centenas de escuelas denuncian públicamente acerca de las condiciones indignas en que se encuentran, lo cual las lleva permanentemente a suspender clases. Con mucha frecuencia hay solicitudes para mejorar techos, pisos y paredes que se están cayendo, para que se adquieran e instalen aires acondicionados y subestaciones eléctricas, así como equipo de cómputo y mobiliario que les permita desarrollar un trabajo más digno y alcanzar una educación de calidad, como lo dice la tan repetida Reforma Educativa.
Una actitud de esta naturaleza se agradecería más por la población; por el contrario, lo acordado por el Congreso local acrecienta el rechazo a las estructuras e instancias que integran nuestros gobiernos.
Gracias y que pasen una excelente semana. Ya Basta. Vamos rumbo a 2016.
*En 2016 los sinaloenses le tendremos que dar a los partidos políticos la cantidad de 207 millones 622 mil 444 pesos, a lo que habría que sumarle el aumento correspondiente a los ajustes al salario mínimo en ese año, advierte Cuén.
*Sería saludable, plantea Cuén que ese dinero extra se diera para llevar agua potable a la población, invertirlo en mejorar las escuelas, apoyar a los desplazados por la violencia incontenible, o usarlo en programas para combatir la pobreza, por ejemplo, en lugar de dárselo a los partidos políticos.
Ahora resulta que los sinaloenses no podremos evitar que a los partidos políticos, nada más para 2016, se les asigne adicionalmente la cantidad de 72 millones 673 mil 936 pesos, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la inconstitucionalidad de la reforma electoral aprobada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, acerca del financiamiento a los partidos políticos y las campañas electorales. Lamentablemente, la SCJN acordó que esta inconstitucionalidad no se aplique para el proceso electoral 2015-2016. Sólo en México ocurre esto. Es decir: se sentencia que algo es inconstitucional e ilegal, pero no por esta ocasión. ¡Qué paradoja, caramba!...
La sentencia de la SCJN se basa en que el proceso electoral 2015-2016 ya está en marcha y que, por lo tanto, se le tiene que dar certeza jurídica a los participantes. Lo inexplicable e inaceptable es que en la misma resolución mandatan al H. Congreso del Estado de Sinaloa a legislar lo más pronto posible para establecer el sistema para el recuento de votos parcial o total, en sede administrativa, en las elecciones de diputados de representación proporcional y de gobernador.
Sin embargo, contrario a lo que se pudiera pensar, este proceso no había iniciado formalmente al momento de resolver, razón por la que en el PAS, -y personalmente-, no compartimos el criterio de la SCJN, ya que la convocatoria respectiva aún no ha sido emitida y, por ende, no se vulnera la certeza que aduce el máximo tribunal del país. Sin embargo, esa es la ley.
Para ser más claro: la SCJN sentenció que lo aprobado por el H. Congreso del Estado de Sinaloa en relación con la fórmula a utilizar para calcular el Financiamiento para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias para los partidos políticos y la asignación de recursos para las campañas electorales era inconstitucional, dado que no atendía lo mandatado por las leyes nacionales, y que por ello las vulneraba. Por tal razón, como afirmo al inicio, los sinaloenses no tenemos más defensa y tenemos que darles más dinero a los partidos políticos para su operación y para las campañas políticas del 2016. Analicemos con más detalle la explicación…
De acuerdo con lo expresado por el entonces Consejo Estatal Electoral (CEE), el 28 de agosto de 2015, cuando hizo público que el Financiamiento para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias para los partidos políticos suma la cantidad de 103 millones 811 mil 222 pesos, estimado sobre la base de considerar a 2 millones 27 mil 167 electores y el 75% del salario mínimo, en ese momento, que era 68.28 pesos.
Ahora bien, recordemos que en 2016 se elegirá al gobernador de Sinaloa, así como presidentes municipales y diputados locales, razón por lo cual se destinará el 100% del Financiamiento para Sostenimiento de Actividades Ordinarias para las campañas electorales, lo que significa que habría que entregar a los partidos políticos una cantidad similar a los 103 millones 811 mil 222 pesos. Esto significa que en 2016 los sinaloenses le tendremos que dar a los partidos políticos la cantidad de 207 millones 622 mil 444 pesos, a lo que habría que sumarle el aumento correspondiente a los ajustes al salario mínimo en ese año.
Si los acuerdos de la SCJN fueran válidos a partir del momento en que se tomaron, es decir, se aplicaran para el proceso electoral 2015-2016, que por cierto, aún no inicia formalmente, entonces se aplicaría el 65% del salario mínimo y no el 75% como lo acordó el Congreso del Estado de Sinaloa. Por tanto, el financiamiento ordinario para los partidos políticos sería de 89 millones 965 mil 671 pesos.
De igual forma, si solo se aplicara el 50% y no el 100% a la cantidad anterior para las campañas electorales, hablaríamos de 44 millones 982 mil 835 pesos, y entonces el total a asignar sería de 134 millones 948 mil 507 pesos. Esta es la explicación de la diferencia de los 72 millones 673 mil 936 pesos, cantidad que pudo haberse aplicado a otras tantas necesidades que tienen los habitantes.
Reitero lo que expresé en la tribuna del H. Congreso del Estado de Sinaloa este martes 20: existe un clamor de la ciudadanía de no aumentar los recursos económicos a los partidos políticos y a las campañas electorales, contrario a lo acordado por el Congreso local.
También expresé la impotencia que se tiene ante una contradicción tan evidente de los ministros en una misma resolución, ya que advierten que sí es inconstitucional pero que para este proceso se aplique lo ilegal; razón por la cual manifiesto mi rechazo absoluto a tan inverosímil criterio.
Qué saludable sería que estos 72 millones 673mil 936 pesos que se les asignarán de manera adicional a los partidos políticos, producto de una cuestionada conducta de las mayorías en el Congreso, se utilizaran para llevar agua potable a la población, invertirlo en infraestructura en las escuelas, apoyar a los desplazados por la violencia incontenible o usarlo en programas para combatir la pobreza, por ejemplo.
Tan sólo revisemos lo que centenas de escuelas denuncian públicamente acerca de las condiciones indignas en que se encuentran, lo cual las lleva permanentemente a suspender clases. Con mucha frecuencia hay solicitudes para mejorar techos, pisos y paredes que se están cayendo, para que se adquieran e instalen aires acondicionados y subestaciones eléctricas, así como equipo de cómputo y mobiliario que les permita desarrollar un trabajo más digno y alcanzar una educación de calidad, como lo dice la tan repetida Reforma Educativa.
Una actitud de esta naturaleza se agradecería más por la población; por el contrario, lo acordado por el Congreso local acrecienta el rechazo a las estructuras e instancias que integran nuestros gobiernos.
Gracias y que pasen una excelente semana. Ya Basta. Vamos rumbo a 2016.
