Opinión Aarón Irizar López* Es por todos conocido que la región sur-sureste históricamente es la más atrasada del país. Los Estados que la...
Aarón Irizar López*
Es por todos conocido que la región sur-sureste históricamente es la más atrasada del país. Los Estados que la integran, tales como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz -con excepción de Puebla y Yucatán que han tenido en los últimos años un amplio desarrollo-, representan el México de las más profundas inequidades e injusticias sociales.
Sin duda, cuando hablamos del sur-sureste describimos al México que ha sido condenado a la marginación. ¿A qué nos referimos con el anterior señalamiento? A que en lo social es la región donde la pobreza es tres veces mayor al promedio nacional; a que su población apenas alcanza el sexto grado de primaria; a la falta de oportunidades para los indígenas; a que la mitad de su gente no tiene acceso a los servicios de salud; a que ocupan los primeros lugares de mortandad materna; a que la mitad de sus trabajadores reciben menos de un salario mínimo; y a que una tercera parte de la población carece de los servicios básicos en su vivienda.
En lo económico a que es la región menos industrializada y urbanizada; a su escasa red carretera con conexiones estratégicas; a su reducida infraestructura portuaria y aeroportuaria; a su campo que se encuentra desaprovechado por falta de tecnificación; a su poco aprovechamiento de sus recursos acuíferos y pesqueros; a su mínimo desarrollo tecnológico; y a su escasa infraestructura competitiva.
En las últimas décadas estas asimetrías no solamente han persistido sino también se han profundizado. A diferencia de los estados del centro y norte del país, en la región sur-sureste se han instrumentado pocas políticas públicas dirigidas a aprovechar todo su potencial productivo, su ubicación geográfica estratégica y sus vastos recursos naturales y humanos.
Hoy, existe la voluntad política de revertir esta situación. En días pasados el presidente Enrique Peña Nieto remitió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para crear las Zonas Económicas Especiales. Pero habría que preguntarnos ¿qué implica este proyecto del Gobierno federal? Pues, ni más ni menos que un cambio en el modelo de desarrollo económico regional, el cual prevé la instrumentación de políticas públicas diferenciadas y compensatorias -no asistencialistas- orientadas a generar polos de desarrollo que permitan acelerar el crecimiento económico.
A través de beneficios fiscales directos a las empresas, la creación de un régimen aduanero especial, facilidades para el comercio exterior, la construcción de una infraestructura competitiva, los financiamientos especiales de la Banca de Desarrollo, el apoyo a la capacitación laboral, el desarrollo tecnológico y la planificación urbana, se busca impulsar proyectos viables de desarrollo sustentable, social, de competitividad, logísticos y de comunicación, con el objetivo de generar riqueza, empleo y bienestar.
De concretarse, México en la próxima década estaría en condiciones de hacerle justicia social a los más de 33 millones de personas que viven en esta región; mejor aún, se crearían los incentivos para lograr que salgan de su atraso, de su marginación y pobreza.
Las Zonas Económicas Especiales han tenido resultados muy positivos en China, Brasil y la India, de ellas se retomaron las mejores prácticas, por lo que espero en nuestro país generen también un desarrollo económico inclusivo. Sin anticipar pronósticos, esta iniciativa voltea a ver el gran potencial del sur-sureste de México.
Senador de la República por el Estado de Sinaloa.
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