Opinión Diva Gastélum La vinculación entre desarrollo económico y justicia social no es nueva. Para la ONU, y entidades como el Fondo M...
Diva Gastélum
La vinculación entre desarrollo económico y justicia social no es nueva. Para la ONU, y entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es necesario hablar de ambos, pues uno impulsa al otro. En el nuevo discurso económico el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es tan importante como el PIB per cápita de un país, la fortaleza de los países se mide en la fortaleza de su clase media, y hace unos pocos días, el Nobel de economía se le otorgó al Profesor Angus Deaton por sus estudios sobre la relación entre inequidad y pobreza. Es en este sentido que debemos analizar la presentación, el día 27 de octubre de 2015, de la nueva Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015), hecha por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Con ésta el Gobierno de la República enfrenta la gran cuestión del México moderno: ¿Cómo eliminar la pobreza? Para esto parte de la premisa de que la pobreza es un fenómeno complejo y multivariable que afecta en mayor medida a un grupo particular de personas: mujeres, personas con discapacidad, población de la tercera edad, indígenas, entre otros, por lo que para combatirse efectivamente debe de idearse estrategias integrales que combatan todos los aspectos relacionados a esta. Es en este sentido que atinadamente que el Gobierno ha lanzado la NMX-R-025-SCFI-2015 con el objetivo de acercar a estos grupos a un empleo digno al eliminar las barreras para ejercer el trabajo digno mediante la creación de un “piso parejo”. Desde la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) esta administración vinculó a un México más próspero con un México más incluyente.
De acuerdo al INEGI solo 4 de cada 10 mexicanas en edad de trabajar tienen actualmente un empleo, comparadas con las 6 de cada diez chilenas y colombianas y las 7 estadunidenses en el mismo caso. Esto permite intuir que hay una enorme pérdida de potencial de innovación y crecimiento. Si a esto agregamos la interseccionalidad de la discriminación, podemos decir que para una mujer indígena mayor de 50 años con discapacidad, el acceso al trabajo digno es prácticamente nulo. La exclusión laboral por lo tanto amedrenta a la economía mexicana en el conjunto.
En nuestro país las mujeres estudian en mayor proporción un posgrado, lo que implica una mayor preparación académica al presentarse en el mercado laboral, no obstante esto no se refleja en su integración al mundo laboral, sin decir de la presencia de una brecha salarial entre los géneros. Es decir el fenómeno de la inclusión laboral es más complicado que simplemente acercar a la mujer a los empleos, pues no solo se trata de crear incentivos para que las empresas contraten un mayor número de mujeres, sino también de crear incentivos para aumentar su permanencia, junto con la de otros grupos sobrepresentados, en estas e idealmente, cultivar al máximo su capital humano.
La Norma se integra a lo previsto por la reforma laboral y a la transversalidad de la perspectiva de género del PND. Para esto busca atacar directamente la brecha salarial por género, promover la licencia de paternidad e incentivar la flexibilidad de horarios a manera de mejorar la conciliación laboral y personal. Con esto su objetivo es cambiar la cultura laboral mediante la incorporación de las mejores prácticas internacionales, además de homologar el marco vigente con los convenios internacionales en la materia. Ésta es de las primeras grandes acciones del gobierno en el marco de la nueva agenda para el desarrollo, la Agenda 2030, adoptada en septiembre por los Estados miembros de Naciones Unidas.
Vale la pena señalar asimismo como estas medidas se construyen dentro del llamado triángulo de oro de las políticas públicas: con la participación de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Para nosotras las y los legisladores que estuvimos en el proceso de acompañamiento previo es un paso en la dirección correcta el fortalecer el marco normativo de igualdad en el país. Ahora el impacto práctico de esta medida recaerá en gran parte en la aceptación de esta norma por los centros de trabajo público, privado y social del país. Seguro que irá por buen camino.
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores
Twitter: @DivaGastelum
La vinculación entre desarrollo económico y justicia social no es nueva. Para la ONU, y entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es necesario hablar de ambos, pues uno impulsa al otro. En el nuevo discurso económico el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es tan importante como el PIB per cápita de un país, la fortaleza de los países se mide en la fortaleza de su clase media, y hace unos pocos días, el Nobel de economía se le otorgó al Profesor Angus Deaton por sus estudios sobre la relación entre inequidad y pobreza. Es en este sentido que debemos analizar la presentación, el día 27 de octubre de 2015, de la nueva Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015), hecha por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Con ésta el Gobierno de la República enfrenta la gran cuestión del México moderno: ¿Cómo eliminar la pobreza? Para esto parte de la premisa de que la pobreza es un fenómeno complejo y multivariable que afecta en mayor medida a un grupo particular de personas: mujeres, personas con discapacidad, población de la tercera edad, indígenas, entre otros, por lo que para combatirse efectivamente debe de idearse estrategias integrales que combatan todos los aspectos relacionados a esta. Es en este sentido que atinadamente que el Gobierno ha lanzado la NMX-R-025-SCFI-2015 con el objetivo de acercar a estos grupos a un empleo digno al eliminar las barreras para ejercer el trabajo digno mediante la creación de un “piso parejo”. Desde la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) esta administración vinculó a un México más próspero con un México más incluyente.
De acuerdo al INEGI solo 4 de cada 10 mexicanas en edad de trabajar tienen actualmente un empleo, comparadas con las 6 de cada diez chilenas y colombianas y las 7 estadunidenses en el mismo caso. Esto permite intuir que hay una enorme pérdida de potencial de innovación y crecimiento. Si a esto agregamos la interseccionalidad de la discriminación, podemos decir que para una mujer indígena mayor de 50 años con discapacidad, el acceso al trabajo digno es prácticamente nulo. La exclusión laboral por lo tanto amedrenta a la economía mexicana en el conjunto.
En nuestro país las mujeres estudian en mayor proporción un posgrado, lo que implica una mayor preparación académica al presentarse en el mercado laboral, no obstante esto no se refleja en su integración al mundo laboral, sin decir de la presencia de una brecha salarial entre los géneros. Es decir el fenómeno de la inclusión laboral es más complicado que simplemente acercar a la mujer a los empleos, pues no solo se trata de crear incentivos para que las empresas contraten un mayor número de mujeres, sino también de crear incentivos para aumentar su permanencia, junto con la de otros grupos sobrepresentados, en estas e idealmente, cultivar al máximo su capital humano.
La Norma se integra a lo previsto por la reforma laboral y a la transversalidad de la perspectiva de género del PND. Para esto busca atacar directamente la brecha salarial por género, promover la licencia de paternidad e incentivar la flexibilidad de horarios a manera de mejorar la conciliación laboral y personal. Con esto su objetivo es cambiar la cultura laboral mediante la incorporación de las mejores prácticas internacionales, además de homologar el marco vigente con los convenios internacionales en la materia. Ésta es de las primeras grandes acciones del gobierno en el marco de la nueva agenda para el desarrollo, la Agenda 2030, adoptada en septiembre por los Estados miembros de Naciones Unidas.
Vale la pena señalar asimismo como estas medidas se construyen dentro del llamado triángulo de oro de las políticas públicas: con la participación de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Para nosotras las y los legisladores que estuvimos en el proceso de acompañamiento previo es un paso en la dirección correcta el fortalecer el marco normativo de igualdad en el país. Ahora el impacto práctico de esta medida recaerá en gran parte en la aceptación de esta norma por los centros de trabajo público, privado y social del país. Seguro que irá por buen camino.
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores
Twitter: @DivaGastelum
