* Falta además solventar observaciones por 3 mil 900 mdp de 242 auditorías. Culiacán, Sinaloa, a 21 de febrero del 2011 .- En confer...
* Falta además solventar observaciones por 3 mil 900 mdp de 242 auditorías.
Culiacán, Sinaloa, a 21 de febrero del 2011.- En conferencia de prensa conjunta, el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; y el jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Juan Pablo Yamuni Robles, dieron a conocer la situación financiera y auditable en que encontraron al Gobierno del Estado, que arroja una deuda total de 4 mil 555 millones de pesos, un déficit al cierre del 31 de diciembre del 2010 por 467 millones de pesos, así como 242 auditorías pendientes por concluir, que involucran una cantidad de 3 mil 900 millones de pesos.
El encargado de las finanzas estatales, Armando Villarreal, explicó que el pasivo de 4 mil 555 millones de pesos está compuesto por dos rubros, siendo el primero la deuda de largo plazo que se tiene con la banca comercial, que asciende a 2 mil 620 millones, producto del ejercicio de sexenios anteriores, no solamente el que acaba de concluir, y cuyos recursos se utilizaron para la construcción de obras y la realización de programas de gobierno.
Al respecto, precisó que esta deuda es manejable, ya que sólo compromete el 13 por ciento del total de las participaciones federales que recibe el estado, cuando el tope máximo para un buen manejo podría ser máximo de un 30 por ciento de esos ingresos programados que se reciben de la Federación todos los años.
Sin embargo, mostró su preocupación por la deuda a corto plazo, que ascendió a mil 935 millones de pesos, en la que se incluyen los compromisos de pago a proveedores del Gobierno del Estado, así como la retención que se hace a los trabajadores en ciertos impuestos como el ISPT (Impuesto sobre el Producto del Trabajo) que debió haberse enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde los meses de noviembre y diciembre, pero que no se hizo en muchos de los casos.
En este sentido, puntualizó que a partir del 1 de enero, fecha en que entró en funciones la administración del gobernador Mario López Valdez, se reanudó con el pago de esas retenciones, y a la fecha se ha cubierto casi la mitad de esa deuda, exactamente 735 millones de pesos, y se prevé finiquitarla para el mes de marzo o la primera quincena de abril, en la cual están incluidos los proveedores de bienes y servicios a la administración pública estatal, así como las retenciones no pagadas.
Villarreal Ibarra también se refirió al déficit de 467 millones de pesos que arrojó el ejercicio fiscal 2010, lo que quiere decir que se gastó más dinero que los ingresos que se captaron. Explicó que un motivo de ello es el gasto en educación, pues desde las reformas que se hicieron en años anteriores, el estado se hizo cargo del pago a los maestros del sector federalizado, para lo cual la Federación destina recursos insuficientes.
Sin embargo, a raíz del incremento en el número de plazas, el dinero transferido para ese fin ha resultado insuficiente, por lo que el estado absorbe con ingresos propios la diferencia.
Informó que para sanear esta situación, se solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incremente esa partida presupuestal destinada al gasto federalizado, a fin de no seguir afectando los ingresos propios, y al respecto, mostró su extrañeza que en el pasado sexenio no se haya gestionado esto con oportunidad.
El secretario de Administración y Finanzas reiteró el compromiso a los proveedores del Gobierno del Estado de que se les pagará, ya que no obstante que se trata de pasivos del anterior sexenio, de igual manera representan deudas institucionales que deben ser saldadas por la presente administración.
A su vez, el jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Juan Pablo Yamuni Robles, precisó que en el anterior sexenio se realizaron 719 auditorías por parte de la desaparecida Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, y la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización del Congreso de la Unión.
De ese número, quedan sin concluir 242 auditorías, que involucran recursos por 3 mil 900 millones de pesos, pero aclaró que no quiere decir que es dinero faltante, sino que lo que falta es concluir el seguimiento, resolución y atención a las observaciones que se hicieron en su momento por los auditores correspondientes.
El funcionario estatal dejó entrever que posiblemente también se trate de recursos que están consignados en auditorías duplicadas, es decir, que cualquiera de las entidades fiscalizadoras lo estén revisando, ya sea la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior o las que dejó pendiente la desaparecida Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.
Agregó que como resultado de las auditorías se emitieron siete recomendaciones o amonestaciones, sin llegar en ninguno de los casos ya resueltos, al ejercicio de la acción penal contra algún servidor público.
