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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Reformas a la Constitución Local propone el Grupo Parlamentario del PRD, en materia de salarios de los servidores públicos

Evitar la discrecionalidad en la asignación de sueldos en la administración pública y la consignación de las percepciones salariales en la...

Evitar la discrecionalidad en la asignación de sueldos en la administración pública y la consignación de las percepciones salariales en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, contempla la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del PRD.

En la iniciativa que recibió primera lectura los legisladores perredistas retoman los criterios vertidos por las dos Cámaras del Congreso de la Unión sobre el particular; en donde se manifiesta la indignación de la sociedad por los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los servidores públicos se asignan, y que mientras la gran mayoría de los mexicanos reciben salarios menores al mínimo o carecen de salario, una gran parte de los funcionarios altos y medios perciben un salario por arriba de los cien mil pesos mensuales.

En la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD, se contempla también que no tienen razón de ser las percepciones excesivas y fijadas sin la base de ningún lineamiento legal, como lo son las ofensiva pensiones en algunos funcionarios al término de su encargo, otorgadas fuera de todo criterio general para la asignación de dichas prestaciones.

“Esta iniciativa, si bien no tiene como propósito impedir aumentos salariales, busca evitar que mediante una interpretación interesada de las reformas constitucionales, se busquen  beneficios desproporcionados y al margen de toda racionalidad; si se aproximan las percepciones a las del Presidente de la República, asumiendo que con ello se está dentro de los parámetros constitucionales, mismos que por el contrario buscan precisamente responder a la indignación social provocada por el abismo salarial entre los altos funcionarios de la Administración pública y la mayoría de los trabajadores, como lo admiten los dictámenes del Congreso de la Unión”.

Proponen en coherencia con las reformas constitucionales que las percepciones de los servidores públicos en Sinaloa no puedan ser superiores a las que perciba el gobernador, en el entendido, desde luego, que las suyas tienen ya la prohibición tajante, por efectos de la Carta Magna, que no puedan ser equiparados o superiores a las del Presidente de la República.

En su reforma al Artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, precisan:

“En el primer periodo ordinario  de sesiones, el Congreso se ocupará de discutir y aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes de Ingreso de los Municipios, para lo cual deberán ser presentados los proyectos respectivos a más tardar el último sábado del mes de Noviembre de cada año, a efecto de que puedan regir a partir del primero de Enero inmediato. El proyecto de Egresos del Estado deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En tanto no se aprueben las nuevas leyes, no tendrán por prorrogadas las correspondientes al año anterior. De igual manera, en este primer periodo revisará y aprobará en su caso, el primer semestre de la cuenta pública del Gobierno del Estado, correspondiente a los meses de enero a junio, la cual deberá ser presentada al Congreso, a más tardar quince días antes de su apertura”.

Esta misma disposición contempla también a los funcionarios públicos municipales, ya que en la reforma al artículo 124 en uno de sus párrafos asienta:

“Los presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 145 de esta Constitución”.

El 145 establece: “Los servidores públicos del Estado, de sus Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinado anualmente en los presupuestos de egresos correspondientes” y establece las consideraciones entre las que sobresale que ningún funcionario podrá devengar un salario superior al del gobernador del estado o del Presidente de la República; ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que se superior jerárquico.

Por lo que hace al Poder Legislativo, en su iniciativa de reformas a la Constitución Local también asienta: “Artículo 146.- Al expedir anualmente el Congreso del Estado el Presupuesto de egresos, se establecerán las dietas e ingresos que correspondan a los Diputados, en términos según corresponda del artículo anterior Esta misma prevención se observará por los Ayuntamientos en su respectiva relación con el Presidente Municipal, los Regidores y los Síndicos Procuradores”.

 

En la reforma al Artículo 147 se precisa: “Se prohíben expresamente los sobresueldos, los llamados “gastos de representación” y demás obvenciones. Bajo ninguna circunstancia podrá disponerse, con cargo al erario, de bonos de retiro, gratificaciones por el fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a las que legalmente deban recibir los servidores públicos, cualquiera que sea su denominación”.

En su artículo Tercero Transitorio asienta que “El Congreso del Estado deberá expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 18 días naturales siguientes a su entrada en vigor y dispondrá del mismo lapso para tipificar y sancionar penal y administrativamente  las conductas de los servidores públicos que tengan como finalidad eludir lo dispuesto en el presente decreto”.

La iniciativa se  turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, para su estudio y dictamen.

 

Presentan propuestas de Puntos de Acuerdo en contra de centros de apuestas y juegos de azar

Por considerar que los centros de apuestas y juegos de azar, constituyen una violación a la Constitución Política del Estado y propician inestabilidad en los hogares, hacen apología del delito y afectan la salud mental a los asistentes, el Diputado Julián Ezequiel Reynoso Esparza, presentó la propuesta de un Punto de Acuerdo, en donde solicita al Ejecutivo del Estado impida enérgicamente el establecimiento de nuevos juegos de azar en el estado.

El legislador recordó que en la anterior legislatura, también hubo un Punto de Acuerdo en que solicitaban a los dieciocho alcaldes no autorizar la instalación de más casinos y centros de apuestas, Punto de Acuerdo, que dijo, no fuera atendido por todos los ex alcaldes sinaloenses

La propuesta de Punto de Acuerdo establece:

“PRIMERO. La LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en ejercicio de sus atribuciones, pide de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo cumpla con sus funciones constitucionales de velar por la moralidad pública, impidiendo enérgicamente el establecimiento de nuevos juegos  de azar en el estado.

SEGUNDO. Exhortamos al titular del Poder Ejecutivo, así  como a los gobiernos municipales acatar fielmente lo que ordena muy claramente la Constitución Política en los artículos 65, fracción XIX, y 156, al prohibir todos los juegos de azar en el territorio de Sinaloa.

TERCERO. Exhortamos respetuosamente a los 18 gobiernos municipales revisar los expedientes de autorización de todos los casinos y centros de apuesta establecidos en Sinaloa, y en caso de encontrarse alguna anomalía reglamentaria, actuar en consecuencia”.

Sobre el mismo tema, el Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, cuestionó sobre quién firmó los permisos para la instalación de esos centros de juegos; que al inicio del gobierno federal, se dijo que ya no habría más y sin embargo existen; también leyó las obligaciones del gobernador para mantener la salud mental de la sociedad, y que la ludopatía, es una cuestión de salud pública, además de que no hay estadísticas reales existentes  en torno al número de permisos extendidos para el establecimiento de nuevos centros de juegos.

Al manifestar su adhesión a la propuesta de Punto de Acuerdo, señaló que no hay datos del INEGI en torno al daño de salud pública que generan estos centros de juego, de los cuales tampoco se tiene la información de cuánto generan en impuestos.

El Diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo coincidir en lo expuesto por sus dos homólogos en lo referente a que, “los asiduos asistentes están afectados por la ludopatía”.

 Sin embargo, dijo es facultad del Congreso de la Unión legislar en torno al tema y limita que los congresos locales, “nos obliga a que veamos asuntos de importancia menor, asuntos que nos competen. En sus facultades, el Congreso de la Unión, expide la Ley de Juegos y Sorteos, Ley en donde también limita facultad a los ejecutivos, que quedan en manos de la Secretaría de Gobernación”.

Cuestionó hasta dónde el Estado puede intervenir en casos que competen a la conciencia. “Durante mis últimos 47 años, no he perdido un solo peso, porque no las uso, y simplemente no voy”, y señaló que el tema puede abordarlo los legisladores federales, e insistió en que al Estado no le compete intervenir en cuestiones de conciencia, como a la Iglesia tampoco le compete obligar, y sí dejar que cada quien se afilie o crea en lo que más le convenga. “Me preocupa que el Estado me prohíba asistir a los juegos de azar, quien quiera hacerlo, lo hará, con las consecuencias lógicas que van aparejadas”, dijo.

El Diputado Manuel Antonio Pineda Gutiérrez, del Partido  Acción Nacional se pronunció en contra de la apertura de más casinos, desde el 19 de mayo de 2009, en que se rechazaba la creación de más casinos, “nuestra postura no es ir contra la creación de fuentes de trabajo, pero no en una economía especulativa y sí en la de productiva, señaló. Demandó respeto a los artículos 65, en su fracción XIX, que señala que el Ejecutivo debe velar por la no instalación de centros de azar, y el 159, en donde  está señalado la prohibición de la existencia de esos centros, así como sus castigos y sanciones, para también manifestarse a favor del documento.

El Diputado Felipe de Jesús Manzanarez Rodríguez, del Partido Convergencia, solicitó que el Punto de Acuerdo fuera turnado a las Comisiones respectivas para su estudio y dictamen pertinente, y agregó que para Convergencia es necesario se abra una investigación, para que se tome una política de Estado y ya no haya más centros de juego que generan adicciones, problemas económicos y familiares, y que se revisen condiciones en que se dieron permisos para la instalación de esos centros de azar.

Agregó que si el gobierno del estado autorizó su instalación, se incurrió en un error y urgió a revisar las competencias del Congreso de la Unión, con el derecho de supremacía de la ley, por lo que reafirmó que el tema se vaya a Comisiones, y que tras analizarlos, “estaríamos en condiciones de solicitar un juicio político, porque si es obligación del ejecutivo del estado, señalado en el artículo 156 constitucional, alguien fue omiso en el estado al autorizar la instalación de estos centros de juegos de azar.

Intervendría luego el Diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRI, y dijo que si bien es cierto el tema es de carácter federal, hay una gran oportunidad que tiene el Congreso del Estado; al dejar la anterior legislatura, una reforma constitucional importante para Sinaloa, misma que ubicó al estado y a su Constitución en la vanguardia del fomento de los derechos humanos, además de que se ordena al constituyente permanente estatal a legislar sobre derechos humanos.

“La pelota –agregó-, también está del lado de nosotros, porque vía derechos humanos, vamos a llegar al propósito aquí expresado: proteger la salud de los sinaloenses y eso, nadie nos lo puede quitar, lo podemos hacer nosotros. Ojala y en la agenda legislativa que hagamos, los grupos parlamentarios asumamos ese propósito y enfrentemos el problema, cuyo diagnóstico ha quedado claro y con herramientas de nuestro lado. Todavía más: como legislatura, podemos, y esto tampoco nos lo pueden quitar, presentar una iniciativa ante el Congreso Federal”.

Posteriormente, el Diputado Julián Ezequiel Reynoso Esparza, rectificó en su postura, dijo “como hay muchas vías y posiciones. Se puede enriquecer más y estoy de acuerdo en que pase a Comisiones para que todos participemos en esta problemática, para hacer una propuesta de más impacto social.,

El documento se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Salud y de Derechos Humanos.

 

Propuesta de Punto de Acuerdo solicitando se la elaboración el Plan Estatal de Desarrollo

 

El Diputado Blas Ramón Rubio Lara, presentó  una propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado para que inicie a la brevedad la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo sin desatender la participación del Poder Legislativo.

El legislador en su documento expresó que es responsabilidad del Titular del Poder Ejecutivo a través de sus dependencias y entidades de la administración elaborar un plan obligatorio, que integre el sentir social, busque de manera democrática la solución a los asuntos más apremiantes, e imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico, político, social y cultural del Estado, coordinándose en ello con la federación y los municipios del Estado.

“Ese plan vinculante, llamado Plan Estatal de Desarrollo, se liga además con las iniciativas de reformas legales y ejercicio presupuestal a cargo del Poder Ejecutivo Estatal”.

Rubio Lara, señaló que debe quedarle claro al Ejecutivo Estatal, que el Poder Legislativo no es ajeno al proceso del Plan Estatal de Desarrollo, por el contrario, dijo, tiene responsabilidades dentro de su creación e implementación, verificando se cumpla con la participación social en el mismos, su ejecución, y en su caso haciendo las observaciones necesarias, según lo previene el artículo 5 de la Ley de Planeación.

Expresó que de no atenderse desde ahora esta responsabilidad, el plazo de seis meses previsto en la ley para su publicación, pudiera resultar insuficiente, teniendo en cuenta que es necesario la instalación formal del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, para iniciar como sistema, la participación y consulta de los diversos grupos sociales, así como de la federación y municipios.

La propuesta de Punto de Acuerdo plantea:

“ÚNICO: A efecto de optimizar el tiempo y la disposición de los sinaloenses, se exhorta al Gobernador del Estado de Sinaloa, para que a través de sus dependencias y entidades, inicie de inmediato y formalmente la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, así como la organización y trabajos para elaborar, aprobar y publicar, con la debida participación social e institucional, el Plan Estatal de Desarrollo, sin desatender desde luego, la participación que a este Poder Legislativo le autoriza la ley de la materia”.

Sobre el mismo tema, la Diputada Nadia Haydeé Vega Olivas, del Grupo parlamentario del PAN, dijo que como presidenta de la Comisión de Desarrollo, ya se elaboramos un documento enviado el titular de Desarrollo para que informe sobre ese tema y otros programas.

Enseguida, enumeró que en la Ley de Planeación y Desarrollo del Estado de Sinaloa están implícitos los artículos para encauzar el impulso de la entidad; la obligación del titular del Poder Ejecutivo de impulsar el desarrollo de la entidad con la participación de las organizaciones y sociedad civil. También dijo que dentro de la ley, hay un plazo de seis meses para que el Plan Estatal de Desarrollo sea publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.

Se pronunció también por la realización de mesas de trabajo en donde se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía; mostró copias de los documentos enviados al titular de la Secretaría de Desarrollo Estatal y al delegado federal del ramo.

Finalmente la propuesta de Punto de Acuerdo fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva a la Comisión de Planeación y Desarrollo.

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